Por JENNIFER A. DLOUHY Y ROBERT BURNSON
Un juez federal levantó la prohibición temporal de la administración Biden sobre nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras públicas y aguas marinas.
En una victoria para 13 estados que presentaron la impugnación legal en Luisiana, el juez de distrito de EE. UU. Terry Doughty otorgó una orden judicial preliminar el martes bloqueando la orden ejecutiva del presidente Joe Biden del 27 de enero mientras continúa el litigio.
La orden de Biden pedía una pausa de 60 días durante la cual el Departamento del Interior llevaría a cabo una “revisión integral” de su programa de arrendamiento. El presidente dijo que la agencia debería considerar sus “amplias responsabilidades de administración”, incluido el impacto del calentamiento global.
Los defensores de la industria petrolera aplaudieron el fallo después de advertir que cualquier suspensión a largo plazo del arrendamiento pone en peligro los empleos y la producción de energía nacional. Los grupos ambientalistas respondieron que la orden del juez no tiene en cuenta el daño causado por la contaminación climática.
El Departamento del Interior dijo que está revisando el fallo y lo cumplirá.
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La agencia dijo que está trabajando en un informe provisional que “describirá los próximos pasos y recomendaciones para que el departamento y el Congreso mejoren la administración de las tierras y aguas públicas, creen empleos y construyan un futuro energético justo y equitativo”, según un comunicado.
El fallo de Doughty requiere que el Departamento del Interior reinicie de inmediato su programa de arrendamiento, incluso mientras la agencia continúa su revisión de los efectos de la perforación.
Doughty, designado para el cargo en 2018 por el ex presidente Donald Trump, dictaminó que la orden ejecutiva de Biden violaba las leyes federales que rigen el arrendamiento de petróleo y gas. También culpó a la administración de Biden por no ofrecer “ninguna explicación racional” para su pausa.
“Hay millones y posiblemente miles de millones de dólares en juego”, escribió Doughty. “Están en juego fondos del gobierno local, puestos de trabajo para los trabajadores estatales demandantes y fondos para la restauración de la costa de Louisiana”.
Doughty se negó en mayo a permitir que grupos ambientalistas intervinieran en el caso, diciendo que el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Healthy Gulf y otros grupos no habían demostrado que los abogados del gobierno federal no representaran adecuadamente sus intereses.
Un desafío similar de los grupos de la industria del petróleo y el gas a la pausa del arrendamiento está pendiente en Wyoming.
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