Por JENNIFER A. DLOUHY
Seis semanas después de que un juez federal ordenó al gobierno de Biden reanudar la venta de arrendamientos de petróleo y gas en terrenos federales, no hay señales de que lo haya hecho y la secretaria del Interior, Deb Haaland, luchó el martes para explicar por qué.
“Estamos evaluando nuestras opciones”, dijo Haaland al Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales en medio de fuertes críticas de los republicanos. “Hay mucho trabajo por hacer para avanzar en eso”.
Un juez de distrito federal con sede en Louisiana emitió una orden judicial preliminar el 15 de junio contra la orden del presidente Joe Biden de pausar las ventas de arrendamiento en tierras y aguas federales para que pudiera considerarse a la luz de sus impactos climáticos. El juez ordenó a Interior que reiniciara el arrendamiento de inmediato, pero la agencia no ha programado ninguna subasta o pospuesto las ventas a principios de este año.
Haaland enfrentó duras críticas de no menos de siete de los 20 senadores del comité en medio de una creciente frustración bipartidista con el cese de nuevos arrendamientos en áreas que proporcionan aproximadamente una cuarta parte de la producción de petróleo de Estados Unidos.
“La pausa está desafiando efectivamente la orden del juez federal de continuar”, dijo el senador Bill Cassidy, un republicano de Louisiana.
Haaland admitió que “técnicamente, supongo, se podría decir que la pausa todavía está en su lugar”. Pero insistió en que la agencia está cumpliendo con la orden judicial y está avanzando en la publicación de un informe provisional para guiar las decisiones de arrendamiento futuras. Se espera que el informe recomiende aumentar las tasas de regalías que pagan las empresas para extraer combustibles fósiles, entre otros cambios.
Los defensores de la industria petrolera han dicho que el Departamento del Interior puede programar rápidamente las ventas de arrendamiento basándose en el análisis ambiental anterior del gobierno, incluidas las evaluaciones realizadas por la administración Trump. Sin embargo, los conservacionistas argumentan que se necesita un mayor escrutinio para garantizar que esas subastas cumplan con las leyes federales, incluida la forma en que el desarrollo de petróleo y gas de los arrendamientos recién vendidos afectará el cambio climático.
“No es un interruptor que se pueda encender”, dijo Haaland. “Hay mucho trabajo que implica una venta de arrendamiento”.
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Los senadores James Lankford de Oklahoma y Cindy Hyde-Smith de Mississippi presionaron sin éxito por un calendario más definitivo.
“Sólo existe la expectativa de que cuando una orden judicial interviene y dice ‘oye, esto no es legal para detener esto por tiempo indefinido’, que realmente se avance hacia esto”, dijo Lankford.
Las reiteradas garantías de Haaland de que el informe llegaría “pronto” provocaron las burlas de la senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska.
“No voy a preguntarle cuándo cree que va a venir porque creo que sé cuál es su respuesta”, dijo Murkowski. “Espero que pueda sentir la frustración que muchos de nosotros tenemos al anticiparnos a esto y al preguntarnos cuándo podremos esperar que cumpla con la orden del juez”.
La frustración cruzó las líneas del partido. El presidente Joe Manchin, un demócrata de West Virginia, dijo que “apoyó el deseo de la administración de pausar los contratos de arrendamiento”, pero “ya estamos en la línea de tiempo de principios del verano cuando nos dijeron que la revisión se completaría”.
“Necesitamos un plan para avanzar con el arrendamiento responsable de petróleo y gas, tanto en tierra como en alta mar, para mantener nuestra independencia energética”, dijo Manchin.
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