Por María José González de Cossío 23 Febrero 2021 – Pulso Energético
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A nivel mundial, los contratos petroleros juegan un papel fundamental en las operaciones de exploración y explotación de la industria del petróleo y el gas. México, siendo un importante jugador del sector a nivel internacional, no es la excepción.
La industria de hidrocarburos ejerce importantes montos de inversión a lo largo del proyecto de perforación y desarrollo de campos. Esto es particularmente relevante al considerar los desafíos y riesgos que asumen los participantes, si no se consigue uno los resultados más deseados: producir barriles de petróleo.
Existen diferentes tipos de contratos, varios de los cuales han sido utilizados en las rondas de licitación petroleras llevadas en México, como los de producción compartida y licencia. Lo anterior, en adición a los contratos de prestación de servicios (donde Pemex contrata a una empresa para realizar un servicio específico, pero sigue siendo responsable de aportar el presupuesto requerido y asume sola los riesgos) y las asociaciones entre empresas privadas y Pemex, conocidos como farmouts.
Los acuerdos de farmout son alianzas comunes en la industria, donde la empresa propietaria de los derechos de perforación invita a otra empresa a participar en el desarrollo de su proyecto. Por lo tanto, ambas partes acuerdan trabajar un pozo de producción donde comparten gastos y riesgo, a cambio de una participación de la producción o ganancias.
El farmout le permite a la empresa propietaria del activo, que en el caso de México es Pemex, a optimizar sus recursos económicos al estar parcialmente expuesta a los riesgos y ganancias del proyecto. El riesgo compartido es muy relevante, ya que, en caso de no tener éxito, las empresas operadoras incurren en todos los gastos de la fase de exploración y al final ceden el área contractual al estado. Además, que le permite a Pemex participar en varios proyectos a mismo tiempo, aumentando la posibilidad de éxito en los resultados.
Los beneficios económicos que los farmouts ofrecen, no sólo están relacionados al volumen de producción, sino que están asociados también a los costos de perforación. Los pozos de petróleo y gas requieren inversiones muy elevadas para realizar la perforación, así como los estudios asociados, entre los que se tienen los sísmicos, del subsuelo o la obtención del núcleo de los yacimientos. Son pocas las empresas a nivel mundial que cuentan con capital lo suficientemente grande y con la posibilidad de asumir los elevados riesgos intrínsecos a la actividad.
En el caso de México, Pemex se ve beneficiado con los farmouts dado que las empresas privadas no sólo complementan sus actividades e inversión, sino que también le permiten diversificar su riesgo. Las alianzas con privados le permiten a Pemex desarrollar actividades de perforación con un menor presupuesto, mejorar sus finanzas públicas, generar mayor inversión en el sector y el acceso a tecnología de punta.
Adicionalmente, las empresas privadas se comprometen a realizar operaciones con altos estándares de sustentabilidad. Hoy en día, existe una tendencia creciente a nivel mundial a evaluar el impacto de las actividades petroleras en materia de sustentabilidad social y ambiental. Las mejores prácticas internacionales en la industria conllevan comprometerse a cumplir con estándares de protección al medio ambiente y contribuir con la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a cuatro años de la firma de los primeros contratos petroleros, la industria privada contribuye con cerca de 51 mil barriles diarios de petróleo. Asimismo, el monto de las inversiones realizadas y contribuciones e impuestos pagados al Estado Mexicano por parte de las empresas privadas en el sector asciende a más de 15 mil millones de dólares, y los planes de inversión aprobados ascienden a más de 41 mil millones de dólares. Hacia el 2024, la producción de la industria petrolera privada se estima que rondará en 280 mil barriles diarios de petróleo.
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Asimismo, México recibe regalías por los contratos establecidos con el sector privado. A nivel internacional, México es uno de los países que cuenta con términos más favorables, con un porcentaje de regalías cercano al 70%, mayor incluso que los prevalecientes en Estados Unidos y Brasil. Cabe señalar que, en adición a las regalías, las empresas privadas pagan también 30% de impuestos, lo que representa otro beneficio económico para el Estado.
El entorno mundial de bajos precios del petróleo, producto de la caída en la demanda por la inesperada pandemia del COVID-19, presenta nuevos retos a los diferentes actores del sector para enfrentar exitosamente los desafíos financieros, operativos y legales. Varias empresas de petróleo y gas se vieron forzados a reevaluar la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo.
Un ejemplo interesante que destaca la importancia de promover contratos de ese tipo, es la reciente crisis ocasionada por el desabasto de gas natural en EUA a causa de las bajas temperaturas registradas en la región. Si la industria tuviera mayores asociaciones púbico-privadas, contribuiría con una mayor producción de gas y una menor dependencia de las importaciones de gas provenientes de Texas, principalmente.
En conclusión, los contratos petroleros traen diversos beneficios económicos al sector, a Pemex y al país, destacando principalmente una mayor inversión en la industria y capacidad de producción, así como también aportación de talento humano y tecnología.
Lo más importante a identificar es que los contratos petroleros presentan desafíos legales y económicos importantes y por eso se deben de desarrollar los mecanismos necesarios para abordarlos y conseguir así los resultados deseados por las partes involucradas. Se deben establecer reglas del juego muy claras para asegurar que este modelo de contratos funcione en la realidad: presentar información veraz de análisis geológicos, números confiables de estimación de reservas probadas, detalles legales sobre una terminación del contrato o transferencia a otra empresa, entre otros.
María José González de Cossío es CEO de GDC Consulting, una empresa de Comunicación Financiera y Corporativa, Relaciones Públicas, Manejo de Crisis y ESG. Cuenta con experiencia trabajando en el sector privado y público, en temas relacionados con el sector energía, infraestructura, análisis económico y relaciones públicas.
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