Por CNBC – 27 de enero de 2022 (World energy trade)
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El Ayuntamiento de Los Ángeles votó el miércoles a favor de prohibir nuevos pozos de petróleo y gas y de eliminar gradualmente los existentes en un periodo de cinco años, tras décadas de quejas de los residentes que han sufrido problemas de salud por vivir cerca de los lugares de perforación.
La medida, presentada por los concejales Nury Martínez y Paul Krekorian en diciembre de 2020, forma parte de una iniciativa más amplia del condado y del estado de California para establecer una mayor distancia entre las perforaciones y las personas y la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles que alteran el clima.
La región incluye uno de los mayores yacimientos urbanos de petróleo del país, con más de 5.000 pozos activos en el condado de Los Ángeles y más de 1.000 pozos activos o inactivos dentro de los límites de la ciudad.
Más de medio millón de personas en Los Ángeles viven a menos de un cuarto de milla de pozos activos que liberan contaminantes atmosféricos como benceno, sulfuro de hidrógeno, partículas y formaldehído, y la contaminación afecta de forma desproporcionada a los residentes negros y latinos.
“Hoy reforzamos nuestro compromiso con la justicia medioambiental”, dijo Martínez durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.
“Durante demasiado tiempo, las perforaciones en los barrios han afectado desproporcionadamente a la salud de nuestras comunidades de color con bajos ingresos”, dijo Martínez. “Desde las autopistas hasta las centrales eléctricas, nuestras comunidades de primera línea se llevan la peor parte de la contaminación y los impactos climáticos”.
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Las investigaciones demuestran que las personas que viven cerca de las perforaciones de petróleo y gas corren un mayor riesgo de sufrir partos prematuros, asma, enfermedades respiratorias y cáncer. Vivir cerca de los pozos también está relacionado con el debilitamiento de la función pulmonar y las sibilancias, según un estudio publicado en la revista Environmental Research.
“Esto no es sólo una cuestión de salud pública y seguridad… también es una cuestión de justicia”, dijo Jasmin Vargas, organizadora de la organización sin ánimo de lucro Food & Water Watch, a los miembros del consejo antes de la votación. “Creo que este día ha tardado mucho en llegar”.
La industria del petróleo y el gas se ha opuesto firmemente a estas medidas, argumentando que la prohibición y la eliminación gradual del petróleo y el gas aumentarán los precios de la gasolina y perjudicarán el empleo.
Sus partidarios han instado a que la ciudad se asegure de que los puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles sean sustituidos por otros de energías limpias.
Rock Zierman, director ejecutivo de la Asociación de Petróleo Independiente de California, un grupo de la industria que representa a casi 400 empresas de petróleo y gas, dijo que la medida sería esencialmente “tomar la propiedad de alguien sin compensación, particularmente una que está debidamente permitida y altamente regulada”.
“El cierre de la producción nacional de energía no sólo deja a los californianos sin trabajo y reduce los impuestos que pagan servicios vitales, sino que nos hace más dependientes del petróleo extranjero importado de Arabia Saudí e Irak que llega en camiones cisterna al abarrotado puerto de Los Ángeles”, escribió Zierman en un correo electrónico a la CNBC.
Los Ángeles es la tercera entidad gubernamental del condado que aprueba una prohibición del petróleo y el gas.
Culver City aprobó el año pasado una ordenanza para eliminar progresivamente la extracción de petróleo y gas en su parte del campo petrolífero de Inglewood en un plazo de cinco años y exigir que todos los pozos se taponen y abandonen en ese periodo de tiempo. Y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el año pasado la prohibición de nuevos pozos y la eliminación progresiva de los existentes en las zonas no incorporadas.
En octubre, California decidió prohibir los pozos petrolíferos situados a menos de 1.200 metros de casas, escuelas y zonas pobladas, tras décadas de quejas de residentes y grupos activistas. Si se aprueba, la norma no prohibirá los pozos existentes en esas zonas, sino que exigirá nuevos controles de contaminación.
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