Por Guido Gubinelli – 27 de mayo de 2022 (Energía estratégica)
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En 2020 se presentó en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile el proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica que, entre otras cosas, crearía la figura del Comercializador. Éste ofrecería a los usuarios del mercado regulado un servicio alternativo al de las distribuidoras.
El proyecto, después de ser presentado por funcionarios de la gestión de Sebastián Piñera, no obtuvo el respaldo suficiente en el Congreso y quedó sin tratamiento.
“Tenemos la esperanza de que, si no se reactiva esa Ley, haya alguna otra que la pudiera reemplazar y que busque el reconocimiento del Comercializador dentro de la industria eléctrica”, destaca Eduardo Andrade, Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN).
En diálogo con Energía Estratégica, el dirigente cuenta que aún no se han podido reunir con funcionarios de la actual gestión para abordar el tema, pero que ya han pedido audiencia con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Este tema atravesaría la reunión.
“Es que en los países que funciona la comercialización se concede a los usuarios finales mejores accesos a servicios, mejor atención y el mejor precio que el mercado puede ofrecer en cada momento. Por eso es importante esta regulación”, asevera Andrade.
Y explica: “Se trata de cambiar de un usuario que no tiene capacidad de elección y solo tiene que acudir a su empresa de distribución local como proveedor sin alternativa, a un usuario que puede elegir y que, si siente que su empresa no satisface sus necesidades, probablemente cuando tenga que renovar contrato buscará una mejor opción”.
“Eso haría que el proveedor de energía esté preocupado por ir más allá del tema de precios, o más allá de la calidad de servicio técnico, y se empiezan a preocupar de otros temas como el de eficiencia energética, con apoyos puntuales”, remata el Secretario Ejecutivo de ACEN.
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Señala que este escenario abriría aún más oportunidades a las pymes que operan en la órbita del mercado regulado. “Se verían favorecidas no sólo con servicios de eficiencia energética sino con la gestión de energía, apoyos y mantenimientos de sus instalaciones”, indica.
En cuanto a precios, Andrade precisa que los usuarios libres, capaces de acceder a los servicios de un comercializador, tienen rebajas en los costos de energía en torno al 30%, a diferencia de los clientes del mercado regulado.
Otra cuestión que resalta el dirigente es que los clientes del mercado regulado podrían, a través de comercializadores, hacer que sus consumos provengan de fuentes de energías renovables, “que además de ser absolutamente competitivos, contribuye a eliminar la dependencia que tenemos con el carbón”, suma.
Diferencias en el Congreso
Andrade recuerda que una de las barreras que hizo que el proyecto de Portabilidad Eléctrica se estanque en la legislatura tuvo que ver con el pedido de que este debía ir junto a otras dos iniciativas: Calidad en el Servicio y Recursos Energéticos Distribuidos.
Se cuestionó su tratamiento separado, alegando que los tres temas debían ir articulados en una misma Ley.
Para el titular de ACEN sería importante que el tema sea retomado en el corto plazo. Mientras tanto, indica que un mitigante podría ser bajar el límite de la potencia para los usuarios del mercado regulado, actualmente fijada en los 500 kW.
“Esto contribuiría a ampliar la cantidad de usuarios para que tengan acceso a la comercialización, lo cual implica mejores servicios y, dependiendo de las condiciones del mercado, mejores precios”, insiste Andrade.
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