Por Lars Erik Taraldsen
Los activistas climáticos han pasado las últimas dos semanas en la Corte Suprema de Noruega, en un intento por sacar del Ártico al mayor productor de petróleo de Europa occidental.
Greenpeace y un grupo local llamado Nature & Youth ya han sido rechazados en la corte de apelaciones de Noruega. Pero desde entonces, ha surgido nueva evidencia de que los grupos ambientalistas esperan que cambie las reglas del juego.
El caso de la Corte Suprema terminó el jueves sin proporcionar una fecha para un veredicto. Una persona cercana a la corte que habló bajo condición de anonimato dijo que probablemente se emitirá un veredicto antes de Navidad.
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Noruega, que es el mayor propietario del gigante petrolero Equinor ASA, se abrió a demandas climáticas después de enmendar su constitución en 2014, para reflejar su apoyo al Acuerdo Climático de París. El caso contra Noruega pone a prueba su nueva ley, que establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente que garantiza la salud y una naturaleza donde se preserva la productividad y la diversidad”.
Dentro de la industria petrolera de Noruega, hay poca preocupación de que el cambio constitucional pueda interpretarse como una prohibición de la exploración petrolera.
“La probabilidad de tal escenario es cero”, dijo Per Magnus Nysveen, jefe de análisis de la consultora energética Rystad Energy.
Pero los expertos legales que han seguido el caso desde el principio ahora dicen que el veredicto podría ir en cualquier dirección.
Siete años
Hans Petter Graver, profesor de derecho en la Universidad de Oslo, dice que Greenpeace y Nature & Youth tienen la oportunidad de ganar, ahora que se han puesto a disposición nuevas pruebas.
Graver señala un documento que ha estado escondido del público durante siete años. Más importante aún, se ha ocultado al parlamento. Graver dice que si los legisladores hubieran conocido el contenido del documento, el parlamento podría no haber respaldado unánimemente la exploración del Ártico en primer lugar.
El documento contiene cálculos de la Dirección de Petróleo de Noruega, que contradice la evidencia utilizada en la batalla legal hasta ahora. Las cifras de la dirección muestran que es poco probable que la exploración en el área en disputa sea rentable. Las cifras del gobierno presentado al parlamento manifestaron un valor de exploración potencial de $ 18 mil millones. El Fiscal General se ha disculpado con la Corte Suprema por no haber presentado esta evidencia antes.
Si Noruega pierde, 10 licencias de exploración otorgadas en 2016 en el Mar Ártico de Barents podrían dejar de ser válidas.
Aunque la nueva evidencia presentada plantea preguntas sobre cuán rentable es la exploración, Noruega desea evitar cualquier precedente que pueda limitar su acceso a nuevos campos a medida que desacelera la producción existente.
Según Graver, si la última evidencia influye en la Corte Suprema, podría resultar imposible otorgar más licencias o abrir nuevos campos “a menos que se tomen medidas de mitigación significativas, como almacenar la misma cantidad de CO2” que se produce.