Por Bloomberg – 01 de febrero de 2024 (Rigzone)
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La Corte Suprema de México falló en contra de la legislación nacionalista sobre electricidad del gobierno en un caso presentado por compañías privadas de energía, un duro golpe a la agenda estatista del presidente Andrés Manuel López Obrador a medida que se acerca el final de su mandato.
El fallo impide que la controvertida ley, que dio a la eléctrica estatal mexicana CFE prioridad sobre las privadas en el despacho de electricidad, se aplique a las empresas. Aunque el caso fue presentado por un grupo de empresas de energía renovable que argumentaron que estaban directamente afectadas por la ley de 2021, la decisión de los jueces se aplica ampliamente a las empresas que operan en el sector energético de México.
“Esta es una enorme victoria no sólo para el sector energético de México, sino también para el futuro”, dijo Viviana Patiño Alcalá, investigadora de competencia en México Evalua, un grupo de expertos en Ciudad de México. “Podemos volver al ritmo que teníamos antes en nuestra transición energética”.
La represa hidroeléctrica Angostura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), oficialmente conocida como Represa Belisario Domínguez, en el río Grijalva cerca de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, México, el lunes 18 de julio de 2022.
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El tribunal dijo en un comunicado publicado el miércoles que la ley “viola los principios de competencia”. También dijo que el cambio en el sistema de emisión de certificados de energía limpia desincentivaba nuevos proyectos que apoyaban los objetivos de desarrollo sostenible del país. La reforma no se había aplicado mientras estaban pendientes en los tribunales los casos presentados por empresas que habían argumentado que no se les permitía competir.
López Obrador, que está comenzando su último año en el poder, ha tratado de fortalecer a los productores estatales de energía de México y revertir la legislación favorable a las empresas aprobada por la administración anterior, argumentando que sus predecesores habían firmado acuerdos injustos. La legislación que su partido aprobó en el Congreso también incluía el fin de la obligación del Estado de realizar subastas públicas de electricidad.
La política energética nacionalista del gobierno mexicano, que incluye grandes paquetes de rescate para el productor estatal de petróleo Pemex, se ha convertido en una disputa comercial con Estados Unidos y Canadá, ya que las empresas de esos países buscaron la ayuda de sus funcionarios para negociar con la administración de López Obrador sobre la condiciones de sus contratos.
Los analistas dicen que la decisión del tribunal reduce la posibilidad de que las partes pronto soliciten la intervención de un panel de arbitraje si no llegan a un acuerdo, una bendición potencial para la administración de López Obrador a pesar del golpe a la agenda del presidente.
“Es importante para la relación con Estados Unidos, que siempre es clave en un año electoral”, dijo Jesús Carrillo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como IMCO. “Ayudará a reducir la presión de quienes están del lado de las empresas estadounidenses y canadienses”.
López Obrador ha encontrado otras formas de lograr su visión, incluida la compra de plantas de gas nacional por valor de 6.000 millones de dólares y un parque eólico de la firma española Iberdrola SA y hacer cumplir la cancelación de contratos de autoabastecimiento que, según el gobierno, las empresas habían utilizado indebidamente para vender energía. El regulador de energía también ha retrasado la emisión de permisos para que las empresas operen, lo que generó una avalancha de quejas.
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El resultado es que la empresa estatal de servicios públicos (la Comisión Federal de Electricidad, como se conoce formalmente a la CFE) vio aumentar su participación de mercado a alrededor del 40 por ciento, y si se cuenta también a sus socios privados, a un estimado del 69 por ciento, con una combinación de centrales hidroeléctricas, nucleares y de gas natural, además de proyectos solares en proceso.
Ahora se espera que los tribunales inferiores de México apliquen la decisión de la Corte Suprema a muchas otras empresas que han interpuesto medidas cautelares individuales. El tribunal dictaminó en 2022 que partes de la reforma eléctrica eran inconstitucionales, pero no contó con los votos necesarios para invalidar por completo la legislación.
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