Por World energy trade – 20 de abril de 2024
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El gobierno de Biden ultimó el viernes un plan para impedir la explotación petrolífera en más de la mitad de la gigantesca reserva de petróleo del gobierno de EE.UU. situada en Alaska y preparó el terreno para bloquear la construcción de carreteras esenciales para la apertura de una mina de cobre en el estado.
Estas dos iniciativas forman parte de una serie de medidas adoptadas por el Presidente Joe Biden para frenar el desarrollo extractivo en tierras federales y destinar más de 41 millones de acres a la conservación.
De acuerdo con Rigzone, las medidas se producen en un momento en que Biden trata de ganarse el apoyo de los votantes jóvenes y preocupados por el clima con su historial de protección de la tierra y lucha contra el calentamiento global, después de decepcionar a algunos el año pasado al autorizar el enorme proyecto petrolífero Willow de Conocophillips.
«Las majestuosas y escarpadas tierras y aguas de Alaska se encuentran entre los paisajes más extraordinarios y saludables del mundo, y sustentan una vibrante economía de subsistencia para las comunidades nativas de Alaska», afirmó Biden en una declaración enviada por correo electrónico. «Estas maravillas naturales exigen nuestra protección».
Las medidas han suscitado la condena de los intereses petroleros, gasísticos y mineros, que afirman que el gobierno de Biden está bloqueando recursos esenciales para satisfacer las necesidades energéticas actuales y futuras de Estados Unidos. Eso incluye, según ellos, minerales críticos para baterías y otras tecnologías.
Según el plan presentado el viernes por el Departamento del Interior, el futuro arrendamiento y explotación petrolíferos está limitado a 13 millones de acres de los 23 millones de acres de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska designados como «zonas especiales». Y el arrendamiento está completamente bloqueado en 10,6 millones de acres de la reserva.
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La agencia también solicitará formalmente recomendaciones públicas sobre la conveniencia de seguir ampliando las zonas especiales protegidas.
La medida tiene amplias repercusiones para las empresas con participaciones o intereses en la reserva, entre ellas ConocoPhillips, Santos Ltd., Repsol SA y Armstrong Oil & Gas Inc. La nueva normativa se aplicará a los contratos de arrendamiento existentes en la zona, aunque no alterará las condiciones de dichos contratos ni afectará a las actividades actualmente autorizadas en virtud de los mismos, como el proyecto Willow de 600 millones de barriles.
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La medida suscitó un rápido rechazo de los intereses petroleros y gasísticos, cuyos precios se han visto sacudidos por las tensiones en el Medio Oriente.
«En un momento en el que nos despertamos con más disturbios en Medio Oriente y el mundo demanda más petróleo y gas, la administración está dejando claro que prefiere que la producción proceda de otros países que tienen un pésimo historial en materia de medio ambiente y derechos humanos», declaró Kara Moriarty, presidenta de la Asociación de Petróleo y Gas de Alaska.
Los críticos ya han prometido luchar contra la norma en los tribunales. El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, afirmó que los opositores podrían intentar revocarla en el Capitolio. En su forma actual, la norma equivale a una sanción a los suministros nacionales de energía, mientras regímenes hostiles como Irán y Rusia son libres de utilizar sus recursos para autoenriquecerse.
Sin embargo, los ecologistas celebraron la medida, diciendo que representaba una evolución positiva en el enfoque del gobierno de EE.UU. hacia la reserva, inicialmente establecida como una fuente de energía para la Marina hace un siglo y ahora una de las mayores extensiones de tierra virgen de la nación.
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