Por WORLD ENERGY TREND
El Gobierno Francés está sometiendo a consideración la propuesta de ajuste de la tarifa eléctrica debido a que el costo de la energía solar se ha visto reducido en la última década. Son buenas noticias para los consumidores, pero afectará a mas de 800 centrales fotovoltaicas del país de más antiguedad.
El costo fotovoltaico se ha desplomado en los últimos 10 años debido a un aumento en la instalación de equipos y la mejora de la tecnología fotovoltaica. Desde 2010, el coste fotovoltaico se ha reducido en un 82%. Aunque esto es una buena noticia para los consumidores y los desarrolladores, la caída del precio también significa que la tarifa eléctrica fija anterior (FIT, o tarifa de alimentación) se ha vuelto mucho más cara que las tarifas ofrecidas por las centrales fotovoltaicas de nueva construcción. A la luz de esta discrepancia, el gobierno francés ahora ha considerado apropiado ajustar las tasas fijas anteriores. Si la propuesta se convierte en ley, esto probablemente tendrá graves ramificaciones para las plantas de energía fotovoltaica con capacidades superiores a 250KW construidas entre 2006 y 2010.
España, Italia y la República Checa tuvieron que lidiar con problemas similares de ajuste de tarifas fotovoltaicas en el pasado. Si el gobierno francés aboliera la tasa fija anterior, potencialmente podría obtener cientos de millones de euros en ahorros de subsidios. Es por eso que el gobierno francés tiene como objetivo 800 plantas de energía fotovoltaica a gran escala construidas entre 2006 y 2010 en su presupuesto revisado para 2021. En apoyo de recortar las tarifas fijas de electricidad fotovoltaica, el gobierno afirma que varios proveedores de energía fotovoltaica se han beneficiado de niveles anormales de Retorno sobre Inversión, con algunas cifras citadas que superan el 20%. Por ello Francia apuntará a bajar los tipos anteriores basándose en lo que considera un rendimiento aceptable del capital fijo.
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La revisión de los 235.000 contratos firmados durante el período 2006-2010 supondría un ahorro de 400-600 millones de euros anuales para el gobierno, dado el gasto actual de 2000 millones de euros anuales. Las centrales fotovoltaicas con capacidades inferiores a 250KW, que suministran electricidad principalmente para uso personal y agrícola, no se ven afectadas por los recortes de tarifas propuestos. El gobierno francés afirma que, a pesar del gasto anual de 2.000 millones de euros en tarifas de alimentación, las estaciones fotovoltaicas subvencionadas siguen proporcionando menos del 1% del consumo total de electricidad de Francia
La respuesta de los operadores fotovoltáicos no se hizo esperar: Xavier Davel, director general de la consultora fotovoltaica francesa kiloWattsol, si se aprueba, el ajuste de tarifas afectará a 800 centrales fotovoltaicas, algunas de las cuales pueden necesitar solicitar el equivalente francés del Capítulo 11. Nótese que la construcción de la mayoría de las centrales fotovoltaicas fueron financiado con préstamos sin recurso.
En respuesta a la propuesta del gobierno francés, incluso algunas de las empresas más pequeñas que teóricamente no se verán afectadas están hablando. Una de esas empresas es Neoen, que tiene una capacidad fotovoltaica instalada de 19 GW. Neoen cree que el gobierno está saboteando la reputación que le queda, y el fundador de la empresa, Xavier Barbaro, indica que, si las tarifas fijas de electricidad para 2020 fueran revisadas retroactivamente en base a los costos de 2030, nadie lo encontrará convincente.
Daniel Bour, quien dirige la asociación fotovoltaica francesa Enerplan, cree de manera similar que las tarifas revisadas pueden dañar la imagen del gobierno, mientras que el presidente y cofundador del gigante fotovoltaico francés Tenergie, Nicolas Jeuffrain, cuestiona la veracidad de la cifra oficial del 20% de Retorno sobre Inversión, ya que las empresas fotovoltaicas generalmente ven su Retorno sobre Inversión dentro del rango del 4-6%. Incluso en casos de posible usura, la mayoría de los beneficiarios son proveedores de servicios públicos de propiedad estatal, como EDF, e inversores iniciales que financian la construcción de centrales eléctricas y venden electricidad.
En respuesta a estas críticas, el gobierno afirma hacerlo por el bien público mientras continúa discutiendo los detalles más finos del nuevo presupuesto. También ha indicado que lo que calificaría como usura bajo las nuevas tarifas no será cobrado retroactivamente y garantizará oficialmente que ninguna empresa quebrará como resultado.
