Por Amy Stillman
La controvertida propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para reforzar el control sobre el mercado de combustibles del país ha despejado la cámara baja del Congreso, otro paso en su ansiado objetivo de reanudar el monopolio energético del estado.
Con 292 legisladores a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, la cámara aprobó en términos generales la propuesta del presidente de otorgar a la petrolera nacional Petróleos Mexicanos un mayor control sobre el mercado de combustibles recientemente liberalizado que atrajo inversiones de Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Chevron. Corp. y Exxon Mobil Corp. Luego de debatir ciertos artículos, el proyecto de ley pasará al Senado, donde el gobernante partido Morena y sus aliados tienen mayoría.
Si se aprueba como se espera, la iniciativa reformaría la ley de hidrocarburos del país y ampliaría el control gubernamental sobre la distribución, importación y comercialización de combustibles. Permitiría la suspensión de permisos por motivos de seguridad nacional o energética, y también dejaría que Pemex tomara el control de las instalaciones cuyos permisos han sido suspendidos.
Es la última oferta del presidente, comúnmente conocido como AMLO, para tratar de restaurar a la productora de petróleo Pemex y a la eléctrica Comisión Federal de Electricidad a su antigua gloria, ya que su infraestructura envejecida los hace menos competitivos. Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador ha luchado contra reformas energéticas históricas que abrieron la industria energética a la inversión del sector privado.
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La nueva ley es similar a la “expropiación indirecta” de los activos de los minoristas de combustible, dijo Oscar López Velarde, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana que se especializa en temas energéticos. Permite al Estado “tomar el control de la administración y operaciones del titular del permiso de manera indefinida por motivos altamente subjetivos, y sin que realmente exista un incumplimiento de sus obligaciones”.
El presidente está utilizando el proyecto de ley para avivar el sentimiento de los votantes nacionalistas antes de la principal prueba electoral de su presidencia: mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias de este año.
Incluso si la legislación se lleva a cabo en los tribunales, como un proyecto de ley similar para priorizar a la CFE en el mercado eléctrico, el esfuerzo le da a López Obrador otra oportunidad de cumplir su promesa de campaña electoral de fortalecer a Pemex, uno de los empleadores más grandes del país y un símbolo del orgullo nacional.
En 2016, México permitió a empresas distintas de Pemex importar, distribuir y vender combustibles por primera vez desde que la industria fue nacionalizada en 1938. Desde entonces, las principales empresas energéticas del mundo han invertido agresivamente en México. Las casas comerciales internacionales, incluidas Glencore Plc y Trafigura Group, también construyeron infraestructura de almacenamiento y logística de combustible para traer más barriles al país.
La llegada de la competencia hizo que la participación de Pemex en el mercado de la gasolina y el diésel cayera en dos dígitos, y los competidores importaron más diésel que el gigante estatal por primera vez en junio del año pasado. Pemex también ha luchado por la carga de su deuda y las caídas de producción a largo plazo.
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