Por WORLD ENERGY TRADE
Los Andes sudamericanos, una región rica en cobre, está atravesando una situación política turbulenta. El aumento de la pobreza y alto endeudamiento en el marco de la pandemia están impulsando abruptos cambios políticos que también han colocado la riqueza minera como el centro de la atención de ciudadanos y políticos.
Chile es el primer productor de cobre, en esa nación está en curso un movimiento para reformar completamente su constitución que cambiaría las reglas del juego sobre la distribución del poder y los valiosos bienes públicos, a la par los legisladores están debatiendo sobre el aumento de las regalías a las empresas mineras.
También en Perú, el segundo productor, están ocurriendo importantes cambios, el país se encamina en junio a una segunda vuelta en las polarizadas elecciones presidenciales, en donde con un socialista, hasta hace poco desconocido, encabeza las encuestas.
Alrededor del 42% de la producción minera de cobre está sometida a una incertidumbre política que podría conllevar riesgos sobre la producción futura.
Esta incertidumbre está contribuyendo a sostener los precios mundiales del cobre, que han alcanzado máximos históricos gracias a la recuperación de la demanda en China tras la pandemia, así como al rápido desarrollo de una revolución verde de electrificación que se considera que impulsará en los próximos años la demanda por el metal.
Dos países, similares problemas
En América Latina la recuperación parece lejana. La pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza, impulsando medidas para desbloquear y redistribuir la riqueza, mientras muchos luchan por mantenerse a flote en medio de los cierres y los elevados costes sanitarios.
Esto ha puesto los recursos minerales en el punto de mira, dado el enorme papel que desempeñan en el motor económico de la región.
En Perú, las promesas del candidato de izquierda, Pedro Castillo, incluyen la redacción de una nueva constitución para dar al Estado un rol más importante en la economía, así como negociar contratos con las empresas de extracción minera para obtener más beneficios para la población.
Castillo también ha prometido mantener en el país el 70% de los beneficios de la minería y detener el “saqueo” de las empresas extranjeras, y ha advertido que podría nacionalizar algunos recursos. El candidato lidera las encuestas de opinión antes de la votación del 6 de junio, aunque la derechista Keiko Fujimori está ganando terreno.
Chile se encuentra en medio de un proceso más largo para redactar su constitución, la cual data de la era de Augusto Pinochet. La actual constitución apuntaló décadas de crecimiento, pero también ha sido culpada de alimentar la desigualdad que llevó a las violentas protestas que sacudieron al país en 2019.
La cámara baja del parlamento de Chile también aprobó este mes un proyecto de ley que aumentaría fuertemente los impuestos a la minería del cobre para pagar los programas sociales, lo que algunos conocedores de la industria advirtieron que podría detener los proyectos de minería.
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la principal cámara minera de Perú, dijo que había problemas de asignación de recursos que debían abordarse. Pero la solución radica en reformar los gobiernos locales ineficientes y no el régimen fiscal.
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¿Se impone el sentido común?
La convergencia de riesgos está creando el escenario más incierto de los últimos años, aunque la región es desde hace tiempo volátil, con frecuentes cambios políticos, protestas y huelgas.
Los ejecutivos del sector minero afirmaron que parte del riesgo puede atenuarse, ya que los que buscan los cambios más audaces se enfrentan a la oposición política y se verían obligados a suavizar sus planes.
Diego Hernández, jefe del grupo de la industria minera chilena Sonami, dijo que el proyecto de ley de royalties mineros liderado por la oposición, probablemente será modificado en la cámara alta antes de recibir la aprobación.
Para el sector minero, de aprobarse en el Senado el proyecto de regalías tal como está hoy, sería un voto a favor de no más minería en el país.
En opinión de Hernández, este es un período en el que todos tenemos que preocuparnos por la recuperación económica, prescindir o estrangular la minería no le hace ningún bien a ninguno de estos países. Al final, uno espera que prevalezca el sentido común.
La minera estatal chilena Codelco es el mayor productor de cobre del mundo, mientras que en el país andino se encuentra la enorme mina Escondida de BHP y Collahuasi, una empresa conjunta de Glencore y Anglo American.
En Perú, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, dijo que la redistribución de la riqueza mineral era una forma obvia de recaudar fondos públicos para la recuperación post-pandémica, aunque un congreso fragmentado probablemente limitaría el poder de quienquiera que llegue a la presidencia.
Macera también añadió que la incertidumbre podría desanimar a los inversores, temerosos de que el Estado se apodere de los activos.
“A nadie le gusta invertir entre 1.000 y 1.500 millones de dólares cuando el jefe de Estado puede nacionalizarlos”, dijo.
Perú tiene una lista de inversiones mineras de unos US$ 56.000 millones. La prolongada oposición de las comunidades ya ha paralizado algunos proyectos, como el de Tía María de Southern Copper y un proyecto de oro de US$ 5.000 millones de dólares de Newmont y la empresa local Buenaventura.
En Chile, el hecho de que las empresas mineras se centren en los proyectos ya existentes, significa que los niveles de producción disminuirán si no se realizan nuevas inversiones para mejorarlos y para desarrollar nuevos proyectos.
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