Por Martín Bidegaray – 16 de abril de 2022 (Clarin)
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El Estado tomó el 51% de la petrolera que era de Repsol, a la que se le pagaron US$ 5.000 millones. Hay un litigio pendiente por US$ 8.500 millones.
La expropiación del 51% de YPF, la mayor petrolera del país, cumplió este sábado una década. A través de un decreto, que luego se convirtió en ley, el Estado nacionalizó la mayoría accionaria de la compañía, que en ese momento estaba en manos de Repsol.
La jugada buscó revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por Repsol y la familia Eskenazi.
Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF comenzaron a brotar cerca de 28 de enero de 2012. El lunes 23 de ese mes, cada acción de la petrolera cotizaba a US$ 41,14. Eso le daba una capitalización bursátil superior a los US$ 16.000 millones.
Ese era el precio que el mercado valuaba el 100% de las acciones de la compañía.
La acción de YPF está en los US$ 5 desde la invasión rusa a Ucrania. Esa movida mejoró las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los US$ 3.400 millones. Es una quinta parte de lo que valía hace 10 años.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió hace poco la expropiación, que tuvo lugar en su mandato, como una forma de reivindicación de su decisión. “Ahora Vaca Muerta es nuestro”, dijo.
Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, expresó en un acto del 2 de abril. Allí aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas, “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”, enfatizó.
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Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional. En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios. Los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, pero faltaban inversiones.
El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013. En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003. Sin embargo, Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo.
La administración de Mauricio Macri impulsó una mesa de Vaca Muerta -con reducción de costos-, mientras que la tecnología para yacimientos no convencionales se fue abaratando. Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos. Pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción.
En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito. En 2022, ya representa casi un 40% de la producción.
Aunque Argentina posee más gas que petróleo, hay un cuello de botella para transportarlo. Por esa razón, la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas. Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno. Las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído.
El juicio
La estatización del 51% despojó a Repsol del control de YPF, pero también afectó a la familia Eskenazi. Ese grupo nacional llegó a controlar el 25% de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba YPF.
La familia Eskenazi ingresó a YPF por su “experiencia en mercados regulados”. El expresidente Néstor Kirchner sugirió ese holding a Repsol, que lo aceptó.
Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España. Allí fue a la quiebra. El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51% de la empresa.
Burford se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias. YPF está listada en Wall Street, es decir, que acepta las regulaciones estadounidenses al respecto.
El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año. El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25% de las acciones que tenían.
Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destaca que uno de los expertos consultados -el profesor Daniel R. Fischel, que elaboró un informe de parte (en representación de los fondos que litigan contra Argentina)- estimó que el país podría terminar pagando US$ 8.400 millones a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera.
El exministro de Economía, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas. Dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. El Tesoro le pagó US$ 5.000 millones en bonos a la petrolera española.
Detalles del juicio
El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito solicitándole al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. Es a través de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio.
El reclamo de Burford y Eton -los US$ 8.400 millones- podría trepar hasta los US$ 19.665 millones con el pago de intereses. El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa.
Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición (previstos para el 26 de mayo) y la réplica, pactada para el 23 de junio de 2022.
La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo. La magistrada debe resolver si Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos.
La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso.
Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Creen que la jueza Preska debe aplicar la ley argentina, que establecería resarcimientos en pesos, muy inferiores a los reclamados en dólares.
Burford se quedará con el 70% de lo obtenido en el juicio. Hay un 30% de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado. Varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio.
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