Por Guido Gubinelli – 07 de junio de 2023 (Energía estratégica)
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A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se propone la incorporación de 2 GW eólicos y solares, el presidente de Colombia solicitó a su gabinete triplicar la cifra. En una entrevista para Energía Estratégica, Rodrigo Negrete Montes, director de la ANLA, cuenta cuáles son los desafíos, opina sobre el suceso de Windpeshi y los desafíos que genera la eólica costa afuera.
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Ayer, en el marco del ciclo de entrevistas audiovisuales ‘Protagonistas’, producido por Energía Estratégica, Rodrigo Negrete Montes, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), abordó una serie de temas relevantes en relación con la implementación de proyectos de energías renovables en Colombia.
Entre los tópicos tratados, el directivo comentó cómo se encuentra la relación de la ANLA con las consultas previas; la situación del proyecto Windpeshi, donde Enel decidió suspender su construcción; la cantidad de proyectos que se esperan presentar ante la ANLA este año; la meta del presidente Gustavo Petro de alcanzar 2 GW al final de su mandato, pero que internamente apuntan a 6 GW; y los preparativos de la ANLA para recibir una gran cantidad de proyectos, entre ellos de energía eólica costa afuera.
Respecto a la situación del parque eólico Windpeshi, de 205 MW, ubicado en La Guajira, donde Enel decidió parar obras tras “agotar las instancias corporativas internas”con las comunidades y no conseguir un avance promisorio, el director de la ANLA reconoció que la pausa del emprendimiento “es una situación preocupante y un obstáculo en la transición hacia la energía renovable”
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Explicó que existen conflictos socioambientales en la región y que algunas comunidades indígenas se sienten excluidas de las decisiones. Indicó que aunque se han logrado acuerdos con algunas comunidades, la negociación con la totalidad de la tribu se torna un entramado muy complejo de resolver.
La ANLA espera que esta alerta generada por Enel se traduzca en acciones más efectivas por parte del gobierno para resolver el conflicto y evitar que situaciones similares ocurran con otros proyectos en la región.
En relación a las consultas previas, Negrete recordó que, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, la ANLA tiene la obligación de consultar a los pueblos étnicos cuando existan proyectos o actividades que puedan afectarlos.
Aclaró que la ANLA no lidera este proceso, sino que lo coordina el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa. La ANLA participa en talleres de identificación y manejo de impactos, pero no tiene control ni regulación sobre el proceso de consulta previa.
Una vez que se completa este proceso, las empresas interesadas solicitan la licencia ambiental a la ANLA, quien evalúa si se cumplen las obligaciones ambientales derivadas de la consulta previa. ¿Qué opinó sobre la posibilidad de que se estandaricen las consultas previas?
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