Por Emilio Parodi
Nigeria solicitó el miércoles a un tribunal de Milán que ordene a Eni y Royal Dutch Shell pagar 1.092 millones de dólares como anticipo inmediato por daños y perjuicios que reclama en uno de los juicios por corrupción más grandes de la historia de la industria petrolera.
En una audiencia sobre presunta corrupción relacionada con la adquisición de Eni y Shell en 2011 del campo OPL 245, Lucio Lucia, abogado del gobierno nigeriano, pidió un veredicto de culpabilidad y un pago por adelantado, antes de cualquier paquete de daños más amplio establecido por un tribunal en un fecha posterior.
Lucía no especificó cuánto buscaba Nigeria en concepto de daños y perjuicios en general, pero dijo que el acuerdo en disputa había privado a Abuja de “petróleo lucrativo”, y agregó que “son cantidades masivas”.
El abogado dijo que calculado bajo dos escenarios diferentes, las ganancias que se habían perdido ascendían a $ 4.5 mil millones y $ 5.9 mil millones respectivamente.
El caso de soborno de larga data gira en torno a la compra del campo costa afuera OPL 245, a unos 150 km del delta del Níger, por alrededor de $ 1.3 mil millones de Malabu, una compañía propiedad del exministro de petróleo nigeriano Dan Etete.
Los fiscales alegan que alrededor de $ 1.1 mil millones de eso se desviaron a políticos e intermediarios, la mitad al propio Etete.
Shell dice que el acuerdo de 2011 fue un arreglo de un litigio de larga data, luego de la asignación anterior del bloque por parte del gobierno nigeriano a Shell y Malabu.
Etete, Eni, Shell y los gerentes acusados en el caso judicial de Milán, incluido el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, han negado haber actuado mal.
Eni dijo en un comunicado el miércoles que el precio de compra de OPL 245 era “congruente y razonable” considerando el valor del campo y la inversión necesaria para ponerlo en producción.
En julio, los fiscales del caso pidieron que se multasen a Eni y Shell y que se encarcelara a algunos de sus ejecutivos actuales y anteriores, incluido Descalzi de Eni.
También solicitaron la incautación de un total de $ 1.092 millones a todos los imputados en el caso, el equivalente a los sobornos presuntamente pagados.
La próxima audiencia del juicio está programada para el 21 de septiembre, cuando la defensa debe presentar su caso.
